Ruddy Germán Pérez Publicado el 27 de diciembre de 2002 en El Nacional. El expediente del caso de Bahía de las Águilas fue reactivado y la jueza de instrucción, apoderada del mismo, lo envió al fiscal del Distrito Nacional, para que opine si procede el reapresamiento del ingeniero Jaime Rodríguez Guzmán, el principal implicado. La jueza Esther Agelán Casasnova, del Segundo Juzgado de Instrucción, envió el expediente al fiscal, doctor Máximo Aristy Caraballo, para que éste emita el requerimiento definitivo del caso que está en la fase final del proceso de instrucción. Rodríguez Guzmán, quien fue director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) durante el último período de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, fue sometido a la Justicia el 19 de junio de 1997 acusado de apropiarse indebidamente de terrenos del Estado ubicados en Bahía de las Águilas, Pedernales. Además de Rodríguez Guzmán fueron sometidos por el mismo caso la ex-directora del IAD, Mayra Féliz; el ex-registrador de Títulos de Barahona, doctor Luis Ramírez Suberví; el abogado notario, Luis Antonio Yépez Féliz; y el también abogado José Arturo Cuello, quienes obtuvieron su libertad mediante hábeas corpus. Otros implicados en el caso fueron el ex-candidato presidencial del Movimiento de Conciliación Nacional, Puro Pichardo Fernández; el médico Moisés Marchena Arredondo; y el ex-senador reformista por Pedernales, Antonio Féliz Pérez. Rodríguez Guzmán fue dejado en libertad luego de ser operado de corazón abierto en la Plaza de la Salud, a causa de obstrucción de la vena aorta, mientras que Pichardo Fernández fue libertado, provisionalmente, luego de pagar una fianza de 20 millones de pesos. El médico Moisés Marchena murió en el penal de La Victoria a causa de una úlcera sangrante. La jueza de instrucción fusionó el expediente con otro elaborado en contra de Rodríguez Guzmán, por apropiación ilegal de terrenos en playa Macao, en Higüey, al existir conexión entre ambos casos. En lo relativo al doctor Marchena Arredondo, la jueza Casasnova está a la espera del acta de defunción para declarar extinguida la acción pública. El sometimiento contra el grupo fue hecho en junio de 1997 por el entonces procurador general de la República Abel Rodríguez del Orbe, atendiendo denuncias del licenciado Wilton Guerrero, director del IAD. El grupo fue acusado de violar los artículos 100 y 102 de la Constitución de la República, y los artículos 59, 60, 114, 146, 148, 166 y 183 del Código Penal; y la ley 5879 sobre la reforma agraria. El procurador Rodríguez del Orbe exigió a los implicados devolver los títulos que habían obtenido en forma fraudulenta, mediante los cuales compraron miles de metros de terrenos en Bahía de las Águilas a diez centavos el metro cuadrado.  Volver al Índice |